_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Violencia política de género en Honduras")
En Honduras, varias diputadas de diferentes partidos políticos han denunciado públicamente una serie de abusos, agresiones verbales y violencia política de género dentro del Congreso Nacional. Estas denuncias reflejan un ambiente hostil donde las legisladoras enfrentan intimidaciones y minimizaciones por su condición de mujeres, especialmente cuando expresan posturas críticas o toman la palabra en debates legislativos. Estas situaciones han generado un debate en torno al respeto y la igualdad en los espacios de poder, poniendo en evidencia la persistencia de comportamientos misóginos y lenguaje violento en el hemiciclo.
Los informes también indican que estas acciones se han agravado en el contexto de debates controvertidos, como aquellos sobre la Ley de Justicia Fiscal y la reforma del Sistema Judicial. A pesar de la seriedad de estos eventos, las instancias del Congreso no habrían impuesto castigos disciplinarios a los culpables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las legisladoras han demandado acciones específicas para asegurar su seguridad y el respeto a su trabajo legislativo.
Violencia política de género y ambiente institucional en el Congreso Nacional
Las legisladoras han señalado que en el Congreso Nacional persisten comportamientos que abarcan desde ataques verbales hasta intentos de agresiones físicas, evidenciando un patrón de violencia política de género. Este fenómeno influye en la participación completa y efectiva de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La agresión política hacia las mujeres se presenta principalmente durante períodos de acalorado debate, cuando las legisladoras adoptan posturas críticas frente al partido en el poder. Esta realidad no solo infringe los derechos de las mujeres en el ámbito legislativo, sino que también compromete la calidad de la democracia, al restringir la variedad de perspectivas y opiniones en el proceso de toma de decisiones. La falta de medidas concretas para abordar estos casos en el Parlamento perpetúa esta situación.
Respaldo social e institucional y demandas de las diputadas
Diferentes grupos de la sociedad civil, junto a entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Legisladoras de América Latina, han manifestado su respaldo a las diputadas afectadas, pidiendo al Estado hondureño asegurar condiciones equitativas y seguras para todas las mujeres en el parlamento. Estas organizaciones han enfatizado la urgencia de establecer sanciones disciplinarias rápidas contra los responsables de actos de violencia política, además de desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas situaciones en el entorno legislativo.
Las diputadas han manifestado que no cesarán en su lucha por ser escuchadas y respetadas, enfatizando que su función es representar a la ciudadanía y no ser objeto de acoso o maltrato. Entre sus demandas se encuentran el establecimiento de mecanismos claros para proteger su integridad, el respeto pleno a su labor legislativa y la erradicación de toda forma de violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acciones se consideran fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar la participación equitativa de las mujeres en la política hondureña.