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En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral. Se han identificado dos puntos principales de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente falta de confianza en el rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Se ha reportado la sospecha de que el Ministerio Público estaría preparando acusaciones formales contra consejeras del CNE, lo que ha generado alarma entre sectores políticos y organizaciones defensoras de la democracia. Se alega que este proceso judicial tendría motivaciones políticas, dirigido contra consejeras que han mostrado posiciones críticas o independientes frente al oficialismo. La posible judicialización de consejeras del CNE se produce en un momento delicado, cuando el órgano electoral debe garantizar la organización imparcial del proceso electoral, la credibilidad de los resultados y la confianza de los partidos políticos y la ciudadanía.
Riesgo de control y desconfianza institucional
Este estilo de medidas podría socavar la autonomía institucional y minar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Los críticos y grupos civiles han manifestado su inquietud, solicitando indagaciones fundamentadas en evidencia sólida y no en venganzas políticas. Se han hecho peticiones a la comunidad global para que se exprese ante cualquier intento de distorsión institucional del CNE y vigile las acciones del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha crecido la sospecha entre la población y el ámbito político respecto al rol de los militares como protectores de la democracia. Dirigentes de partidos contrarios, entidades civiles y expertos independientes han expresado su inquietud por destituciones y jubilaciones dudosas en la cúpula militar, la cercanía en términos ideológicos y operativos entre el gobierno y las fuerzas armadas, la involucración de efectivos militares en actividades civiles y elecciones, y la ausencia de claridad en la organización del despliegue militar en los procesos electorales.
Temor a militarización y llamados a la vigilancia
Durante las elecciones primarias de marzo, se reportaron incidentes relacionados con retrasos en la entrega de material electoral y presencia militar inusual en ciertos centros de votación, lo que ha aumentado el temor a una militarización del proceso electoral. Se teme que las Fuerzas Armadas, bajo la influencia de figuras del oficialismo, actúen como herramienta para facilitar un fraude electoral o reprimir la protesta ciudadana.
El aumento de la desconfianza ha provocado peticiones urgentes a entidades internacionales para que coordinen misiones de observación y demanden aseguramientos de imparcialidad militar y claridad operativa. Colectivos de ciudadanos han empezado a formar redes de supervisión social para registrar posibles casos de abuso o anomalías. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre estará en manos de la actuación de las instituciones y la supervisión de la ciudadanía.