La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala generó una disputa pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, quien actúa como aliado del Ejecutivo en el Congreso, y el desacuerdo gira en torno al alcance de las atribuciones presidenciales ante las denuncias vinculadas con la elección de Walter Mazariegos como rector, así como a los límites que fijan la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez puso en duda que el mandatario optara por aguardar los fallos judiciales antes de implementar acciones adicionales. Arévalo replicó que la Presidencia no tiene facultad para actuar más allá de sus atribuciones y afirmó que las palabras del legislador revelan un “problema de información” respecto a las competencias del Ejecutivo.
La discusión expone dos criterios sobre la forma en que el Gobierno debe responder a una controversia que permanece pendiente de decisiones judiciales. Ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, pero difieren en el tipo de actuación que corresponde impulsar desde el poder público.
Distinciones entre las atribuciones presidenciales
Samuel Pérez calificó como “insuficiente” la posición de Arévalo de sujetar la actuación del Ejecutivo a lo que determinen las cortes. El diputado sostuvo que la Presidencia ha evitado utilizar el “poder público” para contribuir a una solución de la crisis universitaria.
Su crítica apunta a que el Gobierno no ha realizado una intervención más amplia ante la continuidad de Walter Mazariegos. Pérez estima que la reacción del presidente no coincide con el rol que, a su entender, tendría que asumir el Ejecutivo frente al conflicto.
Arévalo rechazó ese planteamiento durante La Ronda. El mandatario indicó que existe desconocimiento sobre las facultades que la Constitución asigna al presidente y señaló que su administración debe respetar los límites legales de su actuación.
Según la postura presidencial, una intervención que exceda esas competencias podría afectar la autonomía de la USAC. Por esa razón, el Ejecutivo ha mantenido su decisión de esperar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y de solicitar que las instituciones correspondientes investiguen las denuncias presentadas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios se sitúa, por tanto, en la interpretación del alcance de la acción presidencial. Pérez reclama una participación más activa, mientras Arévalo sostiene que el conflicto debe tramitarse mediante los procedimientos legales existentes.
Arévalo descarta acusaciones relativas a eventuales pactos
El presidente igualmente descartó la presencia de pactos encubiertos vinculados al proceso de selección de las autoridades universitarias, y Arévalo aseguró que tales acusaciones carecen de fundamento, atribuyéndolas a la ausencia de datos o a la “mala fe” de quienes las difundieron.
El mandatario aseguró que, desde la Presidencia, instó a las autoridades de justicia a investigar las denuncias sobre posibles irregularidades y violaciones legales ocurridas durante el proceso electoral de la universidad. Al mismo tiempo, reiteró que su participación debe mantenerse dentro del marco constitucional.
Esta postura deja el avance del conflicto bajo la responsabilidad de las instituciones competentes en la resolución de los procesos judiciales, y para el Ejecutivo, acatar dichos procedimientos implica cumplir con la obligación de no inmiscuirse de manera directa en las decisiones internas de la universidad.
La posición de Pérez introduce una demanda distinta. Si bien el diputado también ha hecho uso de vías judiciales, sostiene que el liderazgo presidencial podría asumir una función más amplia frente a la situación de la USAC.
Perspectiva expone este episodio como la primera discrepancia pública entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos en torno a la crisis universitaria. La diferencia no gira en torno a cómo se evalúa la gestión de Mazariegos, sino a qué mecanismos deberían utilizarse para hacerle frente.
Pérez emprende medidas legales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la labor del presidente, Samuel Pérez impulsa una ofensiva judicial contra Walter Mazariegos, que incluye la presentación de denuncias penales por un presunto abuso de autoridad.
El diputado combina así sus críticas políticas con el uso de procedimientos legales. Su posición sostiene que la espera de las resoluciones judiciales no debería impedir que el Ejecutivo ejerza otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, sostiene que toda decisión debe prevenir cualquier vulneración de la autonomía universitaria o una intervención susceptible de ser objetada por sobrepasar las facultades presidenciales. Su pronunciamiento refuerza una postura de cautela institucional sustentada en la separación de responsabilidades entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia genera una tensión adicional entre la Presidencia y uno de sus aliados legislativos, y al mismo tiempo evidencia un desacuerdo sobre la forma adecuada de emplear el poder estatal frente a una crisis institucional: por un lado, una intervención política más decidida, como propone Pérez, y por otro, la adhesión estricta a los procesos judiciales y a los límites constitucionales, postura que defiende Arévalo.
La situación de la USAC permanece ligada a las investigaciones y resoluciones aún pendientes; hasta que esas determinaciones se emitan, el debate entre ambos actores seguirá centrado en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y los mecanismos institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.