La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a pagar a Renfe 80.926.248 euros, más los intereses de demora, a causa de la reclamación presentada por parte de la propia compañía, para que asuma los costes inherentes al Plan de Acción para la mejora de la calidad de los servicios de Rodalies en los últimos años.
Renfe interpuso un recurso para el cobro de esta cantidad, alegando que a la Generalitat le corresponde asumir completamente todos los costes inherentes al Plan de Acción, así como el importe del canon por uso de la infraestructura por ser la autoridad competente, y «consecuentemente quien ha de asumir el déficit que no se halle comprendido en el traspaso» de este servicio.
El TSJC admite en una sentencia la reclamación de Renfe al considerar que el compromiso de pago «no sólo se halla reconocido, sino que además frente a él no cabe alegar un conflicto con la Administración General del Estado con relación a las transferencias de recursos, conflicto al que es ajena la sociedad mercantil Renfe Viajeros SA, actora en este proceso».