En el escenario previo a las elecciones en Honduras, la figura de Rixi Moncada, quien se postula como candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha estado implicada en múltiples controversias sobre la gestión de recursos públicos y acusaciones de posibles casos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen desde procedimientos legales nacionales hasta querellas en foros internacionales, contribuyen a un contexto político caracterizado por la división y la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Acusaciones por mal manejo de fondos sociales
Una de las críticas más destacadas dirigidas a Moncada se concentra en el manejo de los recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. Conforme a reportes recientes, fondos del estado podrían haber sido redirigidos hacia entidades relacionadas con el partido en el poder, lo que ha provocado nuevas dudas acerca del uso de los programas sociales con objetivos electorales.
Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de creciente demanda por mayor claridad en el manejo del gasto público durante un año electoral, en el que diversos sectores han pedido una regulación más rigurosa en la administración de recursos asignados a la ayuda social.
Acusación internacional dirigida al FBI
El asunto adquirió una dimensión internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, un ciudadano de Estados Unidos, presentó una queja ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y otros empleados del gobierno. La acusación sostiene que hubo irregularidades en la gestión y abuso de funciones públicas que habrían perjudicado la inversión extranjera en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Historial de investigaciones y cuestionamientos previos
Las controversias que hoy rodean a Moncada no son nuevas. En 2009 y 2013 fue objeto de investigaciones por abuso de autoridad y presunto fraude durante su paso por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber sido vinculada a contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambos casos la justicia hondureña emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha continuado apareciendo en informes periodísticos y en indagaciones promovidas por organismos de control.
En enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por posible desvío de fondos públicos contra Moncada y varios funcionarios. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han revelado información sobre el caso, provocando dudas respecto al progreso legal e incrementando las críticas sobre la claridad del procedimiento.
Conflictos institucionales y críticas sobre el ejercicio del poder
Aparte de las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas debido a su desempeño en funciones públicas durante su campaña presidencial. Algunos grupos han puesto en duda su participación en la elaboración de propuestas y revisiones, las cuales, según opositores, van más allá de las responsabilidades de su puesto actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el balance institucional.
Estas observaciones se intensifican debido a que la candidata ha ocupado puestos públicos mientras lleva a cabo su campaña, provocando inquietudes sobre potenciales conflictos de interés y el uso posible de recursos oficiales a favor de su postulación. Entidades de la sociedad civil han solicitado una vigilancia ciudadana más estricta y el refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la desconfianza en las instituciones
La situación de Rixi Moncada resalta los retos que afronta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y el refuerzo del estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el diálogo sobre la gestión de los recursos públicos se han tornado en focos principales de la conversación nacional.
Mientras las autoridades aún no esclarecen el avance judicial de las denuncias en su contra, la figura de Moncada se mantiene en el foco de atención, con implicaciones que podrían influir directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción ciudadana sobre la independencia de las instituciones.

