Hasta cinco organismos internacionales, entre ellos la Comisión Europea, el Consejo de Europa y Transparencia Internacional, han destacado graves deficiencias en la lucha contra la corrupción en España, y aunque el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en su discurso de «tolerancia cero», los informes evidencian notables insuficiencias en los sistemas de prevención, transparencia y ejecución de reformas esenciales, situando al país bajo una estricta supervisión internacional.
Reformas insuficientes y problemas estructurales
El Consejo de Europa y su Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) han insistido en que España continúa sin aplicar las recomendaciones emitidas desde 2013, sobre todo en lo relativo a la normativa de los lobbies, la independencia judicial y la transparencia dentro de la Fiscalía, y el GRECO señala que el sistema vigente para elegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue alimentando la idea de politización y que aún no se han adoptado acciones claras que aseguren la autonomía del poder judicial.
Por su parte, la Comisión Europea ha calificado la corrupción como un «problema persistente» para España, señalando riesgos en la financiación de partidos políticos y la adjudicación de contratos públicos. Según Bruselas, la falta de una estrategia coherente y la débil implementación de las normativas están afectando gravemente la credibilidad del país en el marco comunitario.
Carencias de transparencia y cumplimiento de la ley
El informe de Transparencia Internacional refleja un retroceso en el índice de percepción de la corrupción, otorgando a España solo 55 puntos sobre 100. Este resultado coloca al país por debajo de sus homólogos europeos mejor valorados, como Alemania o los países nórdicos, y apenas por encima de naciones como Italia. Asimismo, la falta de avances en áreas como los conflictos de interés y la limitada capacidad del Consejo de Transparencia para imponer resoluciones refuerzan las críticas hacia la gestión del Gobierno.
Ausencia de una estrategia unificada
Uno de los puntos de mayor preocupación identificado por la OCDE es la dispersión de competencias en la estructura institucional española. La ausencia de un organismo centralizado que coordine la estrategia anticorrupción ha dificultado la supervisión y la coherencia en la implementación de políticas. Además, los marcos regulatorios existentes han mostrado ser inconsistentes en su aplicación práctica, en especial en sectores clave como el de los grupos de presión y la financiación pública.
Reacciones del Gobierno y proyecciones venideras
En julio de 2025, el presidente Pedro Sánchez dio a conocer un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que, según anunció, pretende fortalecer las salvaguardias institucionales y cumplir con las recomendaciones internacionales; no obstante, organismos como la Comisión Europea y el GRECO han enfatizado que las buenas intenciones no reemplazan la necesidad de aplicar reformas reales, y las evaluaciones previstas para 2026 serán decisivas para comprobar si el plan logra mejorar de forma palpable la credibilidad institucional del país o si persisten los mismos obstáculos estructurales.
Conclusión: un desafío continuo
La corrupción continúa representando un asunto crucial para las esferas públicas y políticas en España, mientras que la creciente presión internacional para corregir estas carencias impone un reto considerable al Gobierno, que se verá obligado a evidenciar en poco tiempo su capacidad para aplicar transformaciones de verdadero calado.
Fuente: Libertad Digital https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2026-04-27/espana-sigue-bajo-vigilancia-internacional-por-la-corrupcion-pese-a-prometer-tolerancia-cero-1b-7394933/