_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Estado de excepción en Honduras")
Han transcurrido más de dieciocho meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, y los índices de violencia y criminalidad en Honduras no muestran una reducción constante. Esto ha avivado la discusión sobre la efectividad de dicha medida en el ámbito de la seguridad del país.
Desde su aprobación en diciembre de 2022, el estado de excepción fue planteado como una respuesta inmediata al control territorial de maras y pandillas en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, su aplicación ininterrumpida por más de 18 meses y las reiteradas prórrogas no han logrado contener fenómenos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que afectan directamente a sectores estratégicos de la economía y la vida cotidiana.
Continuidad del crimen y opiniones de los ciudadanos
Diferentes reportes de entidades sociales y estadísticas de la policía están de acuerdo en que las bandas criminales continúan funcionando con gran poder de intimidación, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Tiendas, conductores y habitantes siguen reportando extorsiones, intimidaciones y homicidios en regiones donde el gobierno sostiene presencia tanto militar como policial bajo el régimen de excepción.
Los líderes comunitarios, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han indicado que “la población continúa sintiéndose atemorizada” y no se observan avances significativos en la seguridad. Estas declaraciones resaltan que la criminalidad sigue dominando zonas completas, mientras las autoridades muestran estadísticas que no corresponden con la situación en las calles, lo cual ha incrementado la desconfianza de la población.
Preguntas sobre la estrategia del gobierno
El estado de emergencia se creó como una acción excepcional para combatir al crimen organizado, otorgando poderes especiales a las fuerzas de seguridad para su intervención. Sin embargo, su aplicación ha sido criticada debido a su extensión en el tiempo y la falta de un enfoque completo.
Reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de entidades internacionales han indicado un aumento en las quejas por detenciones arbitrarias y transgresiones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad alertan que la militarización sin un enfoque estratégico no ha producido resultados duraderos ni ha debilitado las organizaciones delictivas.
La reacción del Estado ha sido más autoritaria que táctica, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido establecer un modelo de intervención basado en la prevención, la justicia y la colaboración institucional.
Demandas por una estrategia completa de seguridad
Dada la prolongación del estado de emergencia y la continua presencia de la extorsión, uno de los crímenes que más afecta a la economía informal, al transporte público y a la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las acusaciones de extorsión continúan incrementándose y, aunque ocasionalmente se informa sobre detenciones de presuntos líderes, estas medidas no han generado un efecto disuasorio permanente. De acuerdo con testimonios obtenidos en medios locales, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzadamente debido a la falta de garantías de seguridad.
El sector empresarial ha expresado preocupación por la falta de resultados concretos y ha llamado a un rediseño del enfoque de seguridad, con participación de especialistas en justicia, organizaciones sociales y cooperación internacional. “Honduras no necesita más shows mediáticos. Necesita resultados reales”, declaró un portavoz del sector empresarial, al exigir transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de medidas excepcionales.
Desafíos para la institucionalidad en un contexto de violencia persistente
La extensión del estado de excepción sin un análisis público sobre su efectividad refleja tensiones entre la urgencia de controlar la violencia y la necesidad de mantener el orden democrático y los derechos fundamentales. En un país caracterizado por una fragilidad institucional y una profunda desconfianza hacia las autoridades, el enfoque en la seguridad sigue siendo un tema de discordia entre el Gobierno, los sectores sociales y la ciudadanía.
El desafío central que enfrenta la administración de Xiomara Castro es encontrar una salida sostenible que combine el control del crimen con una política pública integral, legítima y con participación amplia. Mientras tanto, la continuidad de la violencia y la percepción de inseguridad mantienen en vilo a una población que aún espera respuestas efectivas y duraderas.