En una controvertida decisión, el fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez Villegas, desmanteló los equipos especiales encargados de investigar importantes casos de corrupción y violaciones de derechos humanos en el país. Entre los grupos desactivados se encuentran el Equipo Especial Lava Jato —que destapó sobornos de Odebrecht a altos funcionarios peruanos—, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el grupo Eficavip, enfocado en delitos relacionados con protestas sociales, y el equipo que investigaba a la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto.
La medida, divulgada el 6 de enero, ha provocado un fuerte impacto dentro del escenario político y social de Perú. De acuerdo con Gálvez, los equipos “no han alcanzado los resultados previstos” y han propiciado “impunidad y persecución”. Asimismo, defendió la resolución como parte de un esfuerzo por concentrar las estrategias de persecución penal. Aun así, distintas organizaciones han señalado que esta determinación representa un evidente retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
El fiscal interino, que asumió funciones en septiembre de 2025 mientras enfrentaba denuncias por presuntas irregularidades en su restitución como fiscal supremo, ha sido vinculado a pesquisas relacionadas con la red de Los Cuellos Blancos. Destituido en 2021 por supuestas injerencias en procesos judiciales, Gálvez retornó al Ministerio Público a raíz de decisiones ampliamente cuestionadas. Esta situación ha impulsado a sectores críticos a poner en duda los verdaderos motivos que habrían impulsado el desmantelamiento de los equipos especializados.
Por su parte, José Domingo Pérez, exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, resaltó los avances obtenidos por este conjunto de trabajo y afirmó que su labor hizo posible sentenciar a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, además de aplicar sanciones económicas que superan los 1.400 millones de dólares. Pérez subrayó que esta resolución pretende reinstaurar privilegios y frenar pesquisas que resultan incómodas para los niveles más altos del poder político y económico.
Diversas voces del ámbito civil y defensores de derechos humanos han advertido sobre los peligros que implica esta decisión. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos describió la acción como un “quiebre institucional” que pone en riesgo la búsqueda de justicia en casos emblemáticos. Amnistía Internacional igualmente manifestó inquietud ante el deterioro de los esfuerzos de investigación relacionados con violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.
En contraste, ciertos sectores políticos han respaldado la medida. Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, celebró la acción de Gálvez al desmantelar los equipos, señalando que funcionaban como instrumentos de persecución política. No obstante, especialistas y analistas advierten que esta modificación podría trasladar investigaciones esenciales a fiscalías comunes con recursos limitados y menor autonomía.
A medida que la responsabilidad de estos casos se transfiere a otros órganos judiciales, aumenta la incertidumbre sobre el destino de procesos que hasta ahora han sido esenciales en la lucha contra la corrupción en el país, y la decisión de Gálvez llega en un punto decisivo para la justicia peruana, dejando a la sociedad civil a la expectativa de las repercusiones que este revés podría generar en los esfuerzos institucionales por eliminar la impunidad.
Procedencia: El País – https://elpais.com/america/2026-01-07/el-fiscal-general-de-peru-desmantela-los-equipos-especiales-que-investigaban-grandes-casos-de-corrupcion.html