El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (77 años) no entrará finalmente en prisión para cumplir la condena que le fue impuesta en la pieza política del caso de los ERE. Así lo ha determinado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha dictado un auto este lunes en el que acuerda suspender por un plazo de cinco años la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al socialista, que fue condenado a seis años de cárcel por delitos de malversación y prevaricación, debido al cáncer de próstata que padece.
En el auto, al que ha tenido acceso este medio, el tribunal accede así a la solicitud que la defensa del expresidente realizó en base al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una «enfermedad muy grave con padecimientos incurables».
«Habrá que estar a la afección del derecho a la vida e integridad física del condenado, teniendo en cuenta el tipo de enfermedad y la mayor o menor incidencia que el ingreso en prisión de quien la padece tendría en ella», pone de manifiesto la Audiencia, que recuerda que, en este caso, la Sala «ya concedió al penado un aplazamiento sobre la decisión de la suspensión de la ejecución de la pena hasta que concluyeran las sesiones de radioterapia».
El informe forense
Los magistrados agregan que, a la vista de informes posteriores, en los que se especificaba que el tratamiento de Griñán, acabada ya la radioterapia, consistía en «ejercicios rehabilitadores y tratamiento farmacológico», se solicitó al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que volviera a informar para poder resolver sobre la suspensión o no, toda vez, explica el auto, que el mencionado tratamiento «parecía compatible con el ingreso» en la cárcel.
El médico forense emitió otro informe el 15 de junio, que concluía que Griñán «se encuentra aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables en los términos que señala el artículo 80.4 del Código Penal, sin perjuicio de las consideraciones que se añaden en el presente informe médico forense que hacen desaconsejable su ingreso en centro penitenciario«. Una conclusión a la que la Fiscalía Anticorrupción no se opuso.
La Sección Primera de la Audiencia subraya que «este tribunal, en casos como el presente, referidos a cuestiones médicas, se ve sometido a los criterios técnicos del experto en la materia, cuyos conocimientos son esenciales para poder resolver sobre el fondo de las cuestiones jurídicas planteadas». Así, concluye, a la vista del último informe forense, la Sala «no puede sino acordar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad por plazo de cinco años con los apercibimientos legales, teniendo en cuenta además los informes de las acusaciones, que no se oponen a la concesión del beneficio solicitado por la representación del penado».