Honduras: ¿es efectiva la prolongación del estado de excepción?

Honduras

El estado de excepción en Honduras, implementado desde diciembre de 2022, continúa generando controversia debido a su prolongación y a las preocupaciones sobre posibles abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Esta medida fue decretada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo declarado de combatir la criminalidad, especialmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La aplicación del estado de excepción ha implicado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo detenciones sin orden judicial y restricciones a la libertad de circulación en diversas zonas del país.

Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido extendido repetidamente. En enero de 2025, la duración de la medida se amplió por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. Si bien las autoridades sostienen que esta herramienta es crucial para combatir el crimen, varios sectores han manifestado su inquietud por potenciales abusos y la ausencia de resultados claros.

Discusiones sobre la eficacia y los derechos humanos en el régimen de excepción

Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han señalado que el estado de excepción pone en riesgo los derechos humanos, instando al gobierno hondureño a garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho y evitar restricciones indebidas a las libertades fundamentales. El gobierno ha reportado una disminución en la tasa de homicidios y la desarticulación de bandas delictivas durante la vigencia del estado de excepción. Sin embargo, informes indican que las extorsiones y la violencia continúan afectando a la población. Además, se han documentado denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

La extensión de esta estrategia ha provocado una discusión sobre su utilidad y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el gobierno argumenta que el estado de emergencia es vital para luchar contra el delito, entidades locales e internacionales piden reevaluar su implementación y asegurar que las acciones de seguridad no pongan en riesgo las libertades básicas del público.

Por lo tanto, la implementación del estado de excepción en Honduras simboliza una acción polémica que intenta combatir la violencia delictiva, pero que ha suscitado una discusión acerca de su eficiencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. La extensión de esta condición excepcional presenta retos para asegurar las libertades esenciales y el fortalecimiento de un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.