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La Propuesta de Ley de Equidad Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en el territorio, debido a las potenciales consecuencias que podría acarrear sobre la economía y el sector productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se describe como un mecanismo para enfrentar la evasión de impuestos y robustecer la captación de ingresos del Estado. No obstante, su contenido y alcance han sido percibidos de manera variada por los diferentes actores económicos y sociales.
El plan incluye la abolición de esquemas de exención impositiva, el incremento de los impuestos y otorgar más flexibilidad al gobierno en la gestión de incentivos financieros. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como una indicación negativa para la inversión y la manufactura, lo que ha provocado incertidumbre y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Distintas organizaciones empresariales, cámaras de comercio y tanto inversores locales como internacionales han expresado que la ley propuesta podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que la ley, en su versión actual, podría disminuir de forma notable los flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial están considerando la opción de salir del país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía nacional.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Análisis político, entorno regional y discusión sobre la equidad fiscal
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político particular. El retiro de incentivos fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener esquemas de atracción de inversiones y equilibrios fiscales, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta situación podría influir en la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a posibles inversionistas como a los ya presentes, quienes podrían optar por mover su capital a países con condiciones más beneficiosas para el desarrollo empresarial.
El entorno político e ideológico ha afectado la perspectiva del proyecto, puesto que ciertos grupos empresariales consideran que el discurso oficial del gobierno es opuesto al sector empresarial y está en sintonía con modelos económicos que han provocado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible remodelación del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que los beneficios fiscales han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para financiar políticas orientadas a la equidad social y a combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se otorgan al 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % restante de las compañías solo obtiene el 8 % de estos incentivos. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de percibir 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El proyecto no establece nuevos gravámenes ni aumenta las tarifas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la recaudación de impuestos directos de grandes corporaciones y riquezas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, la eliminación de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), que ha estado en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este marco. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser percibida como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo un tema de división. Hay quienes piensan que podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros alertan que su implementación podría empeorar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar una fuga de capitales. La votación definitiva en el Congreso Nacional será clave para el futuro económico de Honduras en los años venideros.