La última proclamación hecha por el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha creado una atmósfera de alarma en el país. Redondo señaló que la normativa de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser sancionada en cualquier instante, incluso en sesiones fuera del horario convencional, lo que ha generado preocupación en varios sectores. Esta eventualidad ha sido vista como un intento de avanzar con la reforma sin el diálogo ni el acuerdo necesarios, intensificando así la inquietud en la oposición política, en las asociaciones empresariales y en organizaciones de la sociedad civil.
La reacción no se hizo esperar. Líderes empresariales, diputados opositores y representantes de la sociedad civil han manifestado su preocupación por lo que consideran una estrategia para imponer una reforma fiscal de gran impacto nacional sin consulta ni transparencia. La advertencia sobre la posible aprobación de la ley en horarios inusuales ha sido vista como una maniobra para evitar la movilización ciudadana y el rechazo mediático, lo que ha elevado la tensión en el escenario político y social hondureño.
Inquietudes acerca del procedimiento legislativo
El anuncio de que la Ley de Justicia Tributaria podría ser aprobada en un “madrugón” legislativo ha sido interpretado por sectores opositores y productivos como una señal de falta de apertura y de debate democrático. Estos sectores han denunciado que el oficialismo busca evitar la discusión pública y el consenso, lo que consideran perjudicial para la democracia y la transparencia. La posibilidad de que la ley se apruebe sin el debido proceso ha sido calificada como un riesgo para la economía y para los derechos de los ciudadanos, generando un llamado a la vigilancia y a la movilización social.
Los opositores en el Congreso y miembros del sector privado han manifestado que una transformación de tal envergadura no debería sancionarse sin un estudio detallado y sin la inclusión de todos los interesados. Opinan que la ausencia de discusión podría generar resultados adversos para el país, sobre todo si se utilizan métodos legislativos inusuales para eludir el escrutinio público.
Efectos económicos y sociales de la modificación
La Ley de Equidad Fiscal ha sido criticada por varios sectores, los cuales alertan sobre sus posibles consecuencias adversas. Una de las mayores inquietudes es la eliminación de beneficios fiscales considerados esenciales para fomentar la inversión, lo cual, según los detractores, podría impactar negativamente a compañías productivas y a la industria agroindustrial. También se argumenta que la reforma podría poner en peligro un gran número de empleos, aumentar el costo de vida y conllevar al cierre de empresas.
Frente a esta situación, tanto las entidades de negocios como los grupos de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con la meta de evitar que la legislación sea sancionada sin seguir el proceso democrático adecuado. La inquietud principal reside en que una modificación con gran impacto a nivel nacional no debe ser un «acto inesperado en la noche», sino un procedimiento claro y participativo, donde se consideren todas las opiniones y se analicen detenidamente las posibles repercusiones para la economía y la comunidad de Honduras.