Antes de la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez protagonizó un hecho que también dañó su imagen pública: un video viral lo mostró agrediendo físicamente a un guardia de seguridad privada en un edificio en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se aprecia que Pérez intenta irrumpir por la fuerza en el edificio y se ve cómo empuja al guardia privado que trataba de bloquearle el acceso, generando un forcejeo que captó la atención de los transeúntes y de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿suficiente?
Tras la viralización del video, el diputado emitió un comunicado de disculpas públicas en sus redes sociales. Reconoció que su comportamiento no fue el esperado de alguien que ocupa un cargo público y dijo estar arrepentido. Aseguró también haber conversado directamente con el guardia involucrado identificado como Hugo Xol así como con la administración del edificio, quienes, según él, aceptaron sus disculpas.
A pesar de sus palabras, la repercusión mediática fue considerable y muchos ciudadanos y analistas políticos cuestionaron tanto la actitud del legislador como la aparente falta de sanciones oficiales claras más allá de una disculpa. Un ataque físico, aunque no grave, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la compostura frente a situaciones tensas.
¿Qué tipo de sanciones tendrían que imponerse?
Aunque Pérez pidió disculpas, el incidente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley:
- Investigación formal: al tratarse de un incidente que incluyó una agresión física contra un miembro del personal de seguridad, podría justificarse una pesquisa penal por ataque o por un posible uso excesivo de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la posibilidad de abrir, incluso sin denuncia previa, un procedimiento interno para evaluar si el diputado incumplió las reglas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de ofrecer una disculpa pública, podría contemplarse la obligación de resarcir de manera oficial al guardia afectado por cualquier lesión o afectación que hubiera padecido.
El acto violento contra un guardia no solo afectó la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que además pone de relieve la urgencia de establecer mecanismos precisos para regular el comportamiento de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; aunque ofreció disculpas, una parte considerable de la ciudadanía sigue aguardando una respuesta jurídica y política más firme que demuestre que ningún individuo está por encima de las normas.