La reciente propagación de un narcovideo en Honduras ha aumentado las inquietudes sobre el desempeño del sistema judicial del país. Según un informe publicado por el centro de investigación InSight Crime, el asunto no solo revela conexiones entre individuos del narcotráfico y personas cercanas al poder, sino que también corrobora un patrón alarmante: el uso de la justicia como un instrumento político.
Modelos de inmunidad y caza selectiva
InSight Crime expone un escenario donde la justicia se ejerce de manera desigual. Mientras algunos imputados son mostrados en público y enfrentan juicios acelerados, otros, supuestamente relacionados con la administración actual, permanecen fuera del alcance legal o incluso cuentan con amparo institucional. Este fenómeno, señala el reporte, no es novedoso en la zona, pero en el caso de Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes en los meses recientes.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por influencias políticas para garantizar impunidad a simpatizantes y sancionar a opositores. La situación en Honduras, de acuerdo con el centro de análisis, está siguiendo un rumbo similar, lo que pone en riesgo directo el Estado de derecho.
Respuestas críticas y solicitud de supervisión internacional
Las reacciones al informe no se hicieron esperar. Dirigentes políticos de oposición, profesionales del derecho y defensores de derechos humanos han coincidido en señalar que la instrumentalización de la justicia pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático. La preocupación es compartida por actores internacionales, quienes han recibido solicitudes para monitorear el deterioro institucional del país.
Una fuente diplomática consultada por InSight Crime advirtió que Honduras podría encaminarse hacia una grave crisis de gobernabilidad si no se restablecen las garantías mínimas de independencia judicial. La creciente desconfianza ciudadana, alimentada por la opacidad y la impunidad, ha erosionado aún más la credibilidad de las instituciones.
En esta situación, varios sectores han solicitado con urgencia que entidades multilaterales como la OEA y la ONU supervisen al país. Requieren medidas que aseguren un sistema judicial independiente y claro, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo expone un episodio puntual de corrupción, sino que se ha convertido en un símbolo de una justicia que, lejos de ser ciega, parece mirar con conveniencia política.