La iniciativa legislativa reciente en Honduras, liderada por diputados del Partido LIBRE, ha suscitado una intensa polémica en los sectores político y económico del país. Estos parlamentarios intentaron aprobar con celeridad y sin lograr consenso la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta que ha sido discutida debido a sus posibles efectos sobre la inversión y el empleo. La estrategia buscaba aprovechar la ausencia parcial de diputados opositores para forzar la aprobación durante el último debate; no obstante, la falta de quórum y la reacción de los opositores impidieron que esta acción se llevara a cabo.
Antecedentes y respuestas en relación con la Ley de Equidad Fiscal
El movimiento acelerado para sancionar la Ley de Justicia Tributaria, promovido por los diputados del Partido LIBRE, fue visto como un intento de avanzar una agenda tributaria sin lograr el acuerdo necesario. La táctica era aprovechar un momento en que la oposición no estaba completamente presente en el hemiciclo para pasar la ley en su última discusión. No obstante, esta acción no llegó a materializarse debido a la falta de quórum y a la pronta reacción de los diputados opositores que bloquearon la votación. Este evento ha puesto de manifiesto la fractura política en el Congreso de Honduras y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de los sectores empresariales y los grupos gremiales. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones de esta ley, sugiriendo que podría desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera. Esto, a su vez, podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un aumento del desempleo. Asimismo, hay una advertencia sobre la posibilidad de que esta normativa favorezca una concentración del poder económico en manos del Estado, lo que tendría un impacto relevante en la economía del país.
Participación cívica y futuros escenarios
La respuesta de la comunidad frente al intento fallido de sancionar la Ley de Justicia Tributaria fue rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, un diálogo público extenso y el cumplimiento de los procedimientos legislativos existentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) expresaron su oposición a la implementación de una ley que, según ellos, impactará negativamente a millones, destacando que sin un apoyo generalizado, no hay un mandato legítimo para su aprobación.
Respecto a los próximos pasos, la oposición ha declarado que seguirá presionando para impedir cualquier intento de aprobación que no respete los procedimientos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE intenta reformular sus alianzas para buscar nuevamente la aprobación de la normativa. De esta manera, la controversia sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa, mostrando la complejidad del diálogo fiscal y político en Honduras y la necesidad de alcanzar acuerdos que tomen en cuenta las distintas opiniones del país.