.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Libertad de prensa en Honduras")
La situación de la libertad de prensa en Honduras ha adquirido una relevancia significativa en los últimos años, marcada por un incremento en los episodios de violencia, amenazas e impunidad contra periodistas y medios de comunicación. Diversos informes y registros oficiales han evidenciado un entorno cada vez más hostil para el ejercicio periodístico, donde la presión institucional y económica se combina con acciones directas de intimidación y campañas de descrédito.
En este entorno, los periodistas de Honduras han lidiado con peligros físicos y campañas de descrédito público y persecución legal, lo cual ha afectado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto dentro como fuera del país. La reacción de la sociedad civil y de las entidades defensoras de derechos humanos ha sido mantenerse alertas y solicitar el resguardo de los derechos esenciales.
Violencia, intimidación y falta de justicia contra periodistas
Desde 2001 hasta finales de 2024, más de un centenar de periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un índice de impunidad que supera el 90 %. Las amenazas, intimidaciones y restricciones en el entorno digital se han consolidado como las formas más frecuentes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación de diversas regiones del país. En los años recientes, se han documentado agresiones a 64 medios, lo que revela patrones persistentes de persecución y criminalización.
La presión económica sobre los medios ha incidido en su capacidad operativa e independencia editorial, obligando a algunos a reducir sus actividades o incluso a cerrar. El acoso judicial y la falta de recursos han sido factores determinantes en este debilitamiento. Organizaciones internacionales han ubicado a Honduras entre los países con peores condiciones para el ejercicio del periodismo en América Latina, situándolo en posiciones rezagadas en los índices globales de libertad de prensa.
Ante esta situación, las entidades nacionales e internacionales han exhortado al gobierno de Honduras a salvaguardar la seguridad de los comunicadores y a asegurar la libertad de expresión, al ser considerados aspectos fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas corporativas y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras emprendieron una campaña mediática contra periodistas críticos, empleando su medio oficial para desacreditar públicamente a destacados comunicadores. En una edición reciente de su publicación institucional, se destinaron varias páginas a señalar a tres periodistas, acompañando las imputaciones con imágenes y términos que los tachaban de enemigos del Estado, sin ofrecer pruebas concretas.
Este episodio generó una reacción inmediata del gremio periodístico y de organizaciones de derechos humanos, quienes condenaron la campaña y la calificaron como un ataque institucional sin precedentes desde las más altas esferas del poder militar y gubernamental. La comunidad periodística y diversos sectores de la sociedad hondureña han mantenido una postura de vigilancia, exigiendo transparencia y respeto a los derechos fundamentales, así como el cese de cualquier forma de intimidación contra la prensa independiente.
El asunto del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado la atención de la sociedad y producido expresiones de apoyo de parte de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, considerado como una acción de intimidación, fue una respuesta a las afirmaciones de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en el uso de fondos públicos. Diferentes sectores han destacado que la tarea de informar y supervisar a las instituciones es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha pedido al Estado que evite hacer declaraciones que podrían amenazar de manera directa o indirecta a los reporteros y medios, enfatizando la responsabilidad estatal de salvaguardar la libertad de pensamiento y de expresión. Este tipo de situaciones se ha interpretado como un esfuerzo por limitar el trabajo informativo y crítico del periodismo en el país, lo que ha aumentado la preocupación por el uso del poder gubernamental para restringir la actividad periodística en Honduras.