A poco más de cuatro meses de los comicios generales programados para el 30 de noviembre, el partido gobernante en Honduras se enfrenta a una creciente pérdida de credibilidad pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha estado al mando desde 2022, ha sido acusado por la oposición política, entidades empresariales y grupos de la sociedad civil, quienes señalan supuestas tácticas para modificar el proceso electoral y mantenerse en el poder, mientras las encuestas reflejan una notable disminución en su apoyo.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Las encuestas más recientes, como las realizadas por Pro Encuestas y TResearch, muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha tenido una caída constante. Aunque comenzó como la principal candidata, Moncada ha sido sobrepasada en los sondeos por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas atribuyen este descenso a una combinación de factores: denuncias de corrupción en la administración pública, fracturas internas dentro del oficialismo, bajo rendimiento económico y una creciente percepción ciudadana de opacidad en la gestión gubernamental. La erosión del respaldo popular ha coincidido con un endurecimiento del discurso político desde el Ejecutivo y con señales de tensión institucional que han encendido las alarmas en distintos sectores.
Dudas acerca del proceso de elecciones y supervisión institucional
Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.
Además, se han reportado acciones orientadas a dificultar la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), clave para la transparencia del escrutinio. Las tensiones se han intensificado dentro del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han denunciado presiones e intentos de bloqueo a sus funciones.
Organizaciones empresariales y representantes de la oposición interpretan estas medidas como parte de una estrategia para consolidar el control institucional del proceso electoral, limitar la supervisión externa y garantizar al oficialismo un margen de maniobra ante una eventual derrota en las urnas.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
La organización de un encuentro del Foro de São Paulo en Tegucigalpa, con la asistencia de delegaciones provenientes de gobiernos progresistas del área, revivió la discusión sobre las relaciones exteriores del partido LIBRE. Críticos indicaron que estos lazos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían intentarse implementar modelos de control político que fomentan la centralización del poder y limitan la participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
De acuerdo con estos informes, grupos simpatizantes del gobierno posiblemente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría ayudar a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la división política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
En Honduras, el escenario político se vuelve más dividido y el gobierno actual va perdiendo apoyo entre la población, lo que conduce a unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, el conflicto institucional y la crítica a las normas del sistema democrático.
Varias entidades de la sociedad civil, grupos empresariales y dirigentes políticos han subrayado la importancia de contar con una sólida supervisión internacional y con mecanismos de garantía que aseguren la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La presente situación revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en la nación, sino también el reto de dirigir la competencia política dentro de límites institucionales firmes, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones del Estado.