A cinco meses de los comicios generales del 30 de noviembre, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta una coyuntura crítica marcada por divisiones internas, acusaciones de corrupción y un descenso pronunciado en la intención de voto. En un escenario electoral cada vez más incierto, el desgaste acumulado del partido gobernante amenaza con poner fin a su permanencia en el poder.
Rupturas internas y falta de unidad
La designación de Rixi Moncada como la aspirante del oficialismo reveló tensiones latentes dentro de LIBRE. La dimisión subsecuente del congresista Jorge Cálix, un personaje con experiencia en la organización, puso de manifiesto desacuerdos significativos sobre la dirección política y el estilo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también dejaron el grupo, acusó prácticas autoritarias y un entorno excluyente.
Como respuesta, la dirigencia del partido convocó movilizaciones en respaldo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de la propia Moncada. No obstante, estos actos no lograron revertir la percepción de una organización debilitada, sino que han sido interpretados por diversos sectores como intentos por retener el control político en medio de un entorno adverso.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
Aunque estas determinaciones parecieran ser contundentes, grupos de oposición, especialmente el Partido Nacional, las evaluaron como maniobras simbólicas para desviar la atención. Según sus representantes, las acciones del oficialismo no han supuesto sanciones reales ni investigaciones efectivas que aseguren rendición de cuentas.
Descontento del sector privado y llamados a frenar el deterioro institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible económicamente.
Caída en los sondeos y reordenamiento del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
Simultáneamente, aspirantes que compiten, tales como Salvador Nasralla y Nasry Asfura, han incrementado su popularidad, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones del público también reflejan el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro obtiene una nota promedio de solo 4.1 sobre 10, en un entorno caracterizado por escándalos sin solución y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva incierta para el oficialismo
La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.
En este escenario, el desenlace dependerá de la capacidad del partido para recomponer su estructura interna, atender los reclamos sociales y ofrecer respuestas claras ante los señalamientos de corrupción. De lo contrario, la jornada electoral del 30 de noviembre podría marcar un punto de inflexión en el mapa político hondureño.