Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina, reconoció haber recibido sobornos de 19.7 millones de dólares de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, alegando los hechos ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 2020 tras cuatro años de huida de la justicia.
Un documento que Redacción Regional consiguió acceder, revela una trama de corrupción en el que Odebrecht, mediante el pago de sobornos, compró el favor del gobierno y de 108 diputados. En total, la cantidad de dinero otorgada por Odebrecht asciende a 31.95 millones de dólares.
Sinibaldi, el tercer miembro del gobierno de Pérez Molina, rompió el silencio sobre uno de los casos de corrupción más graves de Guatemala. Sus declaraciones, confirmadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y otras tres fuentes relacionadas con el caso, hablan de cómo funcionarios públicos y diputados habría aceptado sobornos de Odebrecht a cambio de un contrato de 399.4 millones de dólares (3,007.97 millones de quetzales) para la ampliación y restauración de la carretera CA-2 Occidente, que mediría 140 kilómetros en los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos. Esta obra, iniciada hace casi una década, todavía no se ha completado.
Además, Sinibaldi tiene varias investigaciones abiertas, entre ellas Cooptación del Estado, Construcción y Corrupción (Fase I y II), Odebrecht y Transurbano. Cuando el exministro dio su declaración, intentaba lograr alguna reducción de su pena. Según sus propias palabras, el caso Odebrecht es una muestra clara de cómo se puede manipular el gobierno a través de sobornos.
En su exposición, hasta ahora revelada, Sinibaldi da a entender que el ejecutivo de Pérez Molina empezó de inmediato a llevar a cabo un plan, con soborno incluido, en conjunto con Odebrecht. El 11 de octubre de 2012, a los diez meses de la administración, 108 legisladores lo aprobaron en solo 38 minutos tras ser presentado ante el Congreso.
Después de entregarse, Sinibaldi prometió revelar «las verdades» acerca de la concesión de proyectos públicos en Guatemala. “Los constructores que me llamaron extorsionista”, dijo entonces Sinibaldi, son “los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. (…) Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesan”.
FECI: “Sinibaldi quiere ser colaborador eficaz”
El anterior director de la FECI, quien consiguió la rendición de Sinibaldi y otorgó el permiso para que se registrara el testimonio del exministro, no está de acuerdo. Juan Francisco Sandoval manifiesta que la fiscal Porras se negaba a otorgarle al político la calificación de “colaborador eficaz”, con los mismos razonamientos que ahora invoca Curruchiche.
De acuerdo a Sandoval, la legislación penal guatemalteca no prohíbe que un líder sea considerado un “colaborador eficaz”, sino que solo especifica que no pueden obtener beneficios como “la reducción de la pena hasta en dos tercios… o la libertad condicional o la libertad vigilada” como indica dicha ley.
Siguiendo la línea del tema que ha sido expuesto, es que se acusa actualmente al exministro de corromper el sistema legal del país, ya que logró obtener una casa en lugar de prisión a pesar de la abrumadora cantidad de pruebas en su contra y los reclusos confesando haber trabajado para él. Está claro que el sistema carcelario le brinda grandes beneficios, como una celda de 130m2, donde se encuentra actualmente, provista con barbacoa, limpieza diaria, tres televisores y otras comodidades.
Además de estas ventajas, queda un interrogante sobre los bienes confiscados sin un motivo financiero legítimo que justifique su retención. Esto sugiere que aquellos recursos, tales como viviendas, adquiridos con el dinero obtenido a través de acciones corruptas, no se devolverán. Si él no es responsable, tendrá la oportunidad de declarar de dónde obtuvo los fondos para comprarlos.