Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía serán de las grandes beneficiadas del plan del Gobierno para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb y destinarlas a alquiler asequible, que se ha aprobado este martes en Consejo de Ministros. El plan se estructura en tres fases: la cesión de 20.768 viviendas deshabitadas a través de acuerdos de compraventa con autonomías y ayuntamientos, la gestión social de otras 14.000 viviendas con inquilinos y la construcción de otras 15.000 viviendas adicionales en suelos de la Sareb —conocida popularmente como el ‘banco malo’—.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha revelado este martes el reparto geográfico del patrimonio de esta primera fase del plan. La mitad de estas viviendas se reparten entre la Comunidad Valenciana, que cuenta con 4.950, Cataluña (3.539) y Andalucía (2.040).
Otras comunidades con importante presencia de inmuebles en esta primera fase son Castilla y León (2.288), Murcia (2.093), Castilla-La Mancha (1.534) o Galicia (1.285). Muy lejos quedan autonomía como Cantabria (611), Aragón (580) o la Comunidad de Madrid, que con 455 viviendas disponibles en esta primera fase apenas cuenta con el 2,2% de la oferta.
De las casi 21.000 viviendas que se movilizarán en esta primera fase del plan, 9.000 ya están disponibles para la venta y otras 12.000 están pendientes de que finalicen obras de habitabilidad. Según fuentes próximas a la vicepresidenta, estas viviendas podrían tardar entre seis y doce meses en estar listas para ser habitadas. Las mismas fuentes señalan que se podrían emplear fondos europeos para la adecuación de esta vivienda.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha destacado que ya se han negociado acuerdos de venta de 500 viviendas con la Comunidad Valenciana, de otras 42 con Galicia y que se están ultimando negociaciones con el ayuntamiento de Madrid y municipios del área metropolitana de Barcelona. Además, ha señalado la ministra de Asuntos Económicos, también se trabaja en convenios de venta o cesión temporal de viviendas de la Sareb en zonas en riesgo de despoblación.
Economía ha dado datos sobre dónde se encuentran la mayoría de las 20.768 viviendas sujetas a esta primera fase del plan. Las autonomías con más patrimonio son Comunidad Valenciana y Cataluña, que juntas suman el 41% de las viviendas de esta primera fase. También cuentan con representación destacada Castilla y León (2.288 viviendas), Murcia (2.093) o Andalucía (2.040). Muy lejos queda la Comunidad de Madrid, que apenas cuenta con 455 viviendas, apenas un 2,2% del parque en esta primera fase.
El segundo eje del plan pasa por lo que Calviño ha llamado «gestión proactiva» de las 14.000 viviendas de la Sareb ya habitadas. De ellas, más de 2.000 forman parte ya de un programa de alquiler social y acompañamiento en el que las autoridades ayudan a los inquilinos a regularizar su situación, encontrar empleo para que puedan hacer frente a las rentas.
Finalmente, se pondrá en marcha un proyecto de cesión de suelo en colaboración público-privada para construir hasta 15.000 viviendas para alquiler social o asequible. En este sentido, ha comentado Calviño, ya se está negociando con la Generalitat catalana la venta de 200 viviendas y suelos. Igualmente, se destinarán suelos de Sareb a la construcción de servicios públicos como hospitales o aparcamientos. Respecto a los platos, fuentes de la vicepresidencia económica apuntan a que la vivienda que se construya en cesiones de suelo podría estar lista en unos dos años.
Ampliar el pequeño parque público
La ministra de Economía —a cuyo ministerio está adscrito el FROB, el vehículo a través del que el Estado controla la Sareb— ha recordado que el Estado dispone de 300.000 viviendas públicas en su parque inmobiliario, apenas un 3% de todas las que hay registradas en el país. Un porcentaje muy inferior a la media europea, que se sitúa en el 9%.
Calviño ha defendido que el Ejecutivo no había movilizado antes el patrimonio de la Sareb porque el Gobierno tomó el control de la compañía en la primavera del año pasado. El Ejecutivo tomó esta decisión después de que Bruselas obligara a España a computar los 34.000 millones de deuda de la sociedad como deuda pública.
Desde entonces, ha defendido Calviño, se ha intentado dar un enfoque más social al organismo, cuya función original es vender los activos tóxicos adquiridos a los bancos tras el rescate de 2012 al mayor precio para sufragar los costes del rescate. «Estamos devolviendo a los ciudadanos una parte del coste que supuso esa respuesta que se dio a la crisis financiera en 2012 que se dijo que no iba a costar nada a los españoles y que supone todavía una deuda de 34.000 millones de euros», ha concluido la vicepresidenta.