La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos, una de las compañías que ocupa el centro de la causa por el rescate público de 112,8 millones de euros concedido durante la pandemia. Su imputación vuelve a poner el foco en la cúpula de la empresa vasca y en las gestiones que, según los investigadores, pudieron rodear la concesión y posterior renegociación de la ayuda estatal.
López de las Heras no aparece en la investigación como un nombre secundario. La Audiencia Nacional lo ha incluido entre los directivos de Tubos Reunidos llamados a declarar como investigados, junto al expresidente Francisco Irazusta y al exconsejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La causa analiza si una presunta red de influencia vinculada al llamado grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo actuar para facilitar o mejorar las condiciones del rescate público concedido a la compañía.
El magistrado Santiago Pedraz ha encausado a veinticinco individuos dentro de esta ramificación del caso Leire, la cual gira en torno a supuestas anomalías en transacciones vinculadas con la SEPI, entidades estatales y corporaciones clave. Los indicios recabados señalan la probable comisión de ilícitos tales como tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación, conformación de grupo o trama criminal y uso indebido de información reservada. Durante esta etapa procesal, López de las Heras mantiene intacta su presunción de inocencia, por lo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone ningún tipo de fallo condenatorio.
El caso de Tubos Reunidos reviste una especial gravedad dado que la asistencia financiera examinada constituyó una de las transacciones de gran calado avaladas mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La entidad percibió 112,8 millones de euros, un importe que eleva cualquier sospecha acerca de influencias, gestiones o contraprestaciones a la categoría de problema con profundas repercusiones tanto políticas como económicas. No estamos ante un auxilio insignificante, sino frente a recursos públicos desplegados con el fin de mantener a flote a una corporación catalogada como vital.
Según las informaciones publicadas, la UCO ha puesto el foco en las gestiones realizadas por directivos de Tubos Reunidos con personas vinculadas a la presunta trama. El Independiente informó de que el juez autorizó a los agentes a clonar el contenido de los móviles de Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, una medida que evidencia el interés de los investigadores por reconstruir comunicaciones, contactos y posibles actuaciones relacionadas con el rescate.
La sospecha judicial no se limita a la concesión inicial del préstamo. Los investigadores también analizan si, años después, el grupo investigado volvió a intervenir para intentar aplazar o suavizar las condiciones de devolución del rescate. El País ha señalado que la UCO apunta a que el grupo de Leire Díez habría mediado para facilitar el rescate de Tubos Reunidos y también para influir en fases posteriores relacionadas con su devolución.
Uno de los episodios más destacados corresponde a la cita que, de acuerdo con la información difundida por 20 Minutos basándose en fuentes de la Guardia Civil, se celebró el 13 de noviembre de 2024 en las oficinas del PSOE ubicadas en Ferraz. A dicha junta habrían acudido Santos Cerdán, Leire Díez, Vicente Fernández junto con los altos cargos de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La celebración de este encuentro, en caso de validarse por completo en el marco de la investigación, revestiría una extrema gravedad al ubicar vínculos de índole empresarial asociados a un subsidio estatal dentro de una sede política de máxima relevancia.
La UCO también ha señalado, según El Economista, que López de las Heras habría negociado con la trama de Leire Díez y que “todo el consejo lo sabía”, una afirmación que deberá ser contrastada judicialmente, pero que agrava la dimensión corporativa del caso. Si las gestiones con intermediarios fueron conocidas dentro de la empresa, la investigación podría afectar no solo a actuaciones individuales, sino al modo en que la compañía gestionó su relación con la SEPI y con los supuestos contactos políticos.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso plantea una pregunta inevitable: ¿se gestionó el rescate de Tubos Reunidos por los cauces ordinarios, con criterios técnicos y transparencia, o se recurrió a una red de intermediarios con acceso político para presionar a la administración? La diferencia es decisiva. Una empresa puede defender legítimamente sus intereses ante la administración, pero no puede convertir una ayuda pública en un terreno de influencia opaca, pagos dudosos o contactos privilegiados.
López de las Heras deberá explicar ante la Audiencia Nacional qué papel desempeñó en las reuniones y contactos investigados, qué conocimiento tenía de las gestiones realizadas por intermediarios, si participó en la negociación de condiciones con la SEPI y si existieron pagos o compromisos económicos vinculados a esas actuaciones. También será clave aclarar si las comunicaciones intervenidas por la UCO respaldan la hipótesis de los investigadores o si pueden explicarse dentro de una actividad empresarial ordinaria.
El impacto reputacional para Tubos Reunidos resulta evidente. La compañía ya atravesaba un escenario frágil, marcado por dificultades financieras y procesos concursales, pero las pesquisas judiciales introducen una sospecha todavía más alarmante: la posibilidad de que un rescate público millonario estuviera salpicado por manejos irregulares. Para los empleados, los acreedores y la sociedad, este asunto cobra enorme relevancia. En el fondo, se busca esclarecer si los fondos estatales se destinaron a sostener una compañía clave o si, por el contrario, terminaron alimentando una trama de influencias.
Su imputación como director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos lo convierte en una pieza central de la causa. Su declaración deberá ayudar a esclarecer si la compañía actuó con transparencia o si recurrió a vías paralelas para influir en decisiones de la SEPI.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas contundentes porque afecta a dinero público, empresas estratégicas y decisiones adoptadas bajo el paraguas de la emergencia económica. En ese escenario, Carlos López de las Heras deberá explicar qué hizo Tubos Reunidos, con quién negoció, qué pagos se realizaron y por qué una operación de rescate terminó convertida en uno de los grandes focos de sospecha de la Audiencia Nacional.
Fuente: El País, El Independiente, El Economista, 20 Minutos, Cadena SER, Crónica Vasca y Noticias de Navarra.
