Teresa Peramato Martín ocupa desde diciembre de 2025 el cargo de fiscal general del Estado, llegando a la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en uno de los momentos más delicados para la institución. Su nombramiento se produjo tras la salida de Álvaro García Ortiz y en un contexto marcado por acusaciones de politización, enfrentamientos internos y una creciente presión pública sobre la independencia de la Fiscalía.
A diferencia de otras personas vinculadas a las investigaciones sobre Leire Díez o la llamada trama destinada a influir en procesos judiciales, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni formalmente acusada en ninguna causa relacionada con estos hechos; no obstante, diversas resoluciones adoptadas desde su posición en la Fiscalía han suscitado interrogantes, críticas y polémicas que han intensificado la discusión en torno a la independencia de la institución.
Gran parte de los cuestionamientos se centran en la percepción de continuidad respecto a la etapa de Álvaro García Ortiz. Sectores críticos de la carrera fiscal, asociaciones profesionales y partidos de la oposición consideran que Peramato ha mantenido una línea de actuación muy próxima a la del anterior fiscal general, especialmente en materia de nombramientos y gestión interna.
Uno de los aspectos más controvertidos fue la promoción de varios fiscales considerados cercanos al antiguo equipo directivo de García Ortiz. La polémica aumentó cuando trascendió que algunos de esos fiscales habían participado previamente en reuniones mantenidas con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo durante 2025, antes de que Peramato accediera al cargo. Aunque no existe evidencia de que ella participara en dichos encuentros, sus posteriores decisiones de promoción profesional fueron interpretadas por algunos sectores como una muestra de respaldo o continuidad institucional.
Otra fuente de controversia fue su posición respecto a Álvaro García Ortiz. Peramato defendió que la Fiscalía recurriera determinadas resoluciones que afectaban a su antecesor y descartó la apertura de expedientes disciplinarios contra él. Sus detractores interpretaron estas decisiones como una forma de protección corporativa, mientras que sus defensores sostienen que actuó dentro de las competencias legales propias de la Fiscalía General del Estado.
También generó debate la no renovación de algunos cargos críticos con la anterior dirección del Ministerio Fiscal y el ascenso de otros fiscales percibidos como próximos al sector progresista de la carrera. Aunque la Fiscalía justificó estas decisiones por criterios de mérito, capacidad y experiencia profesional, las asociaciones críticas cuestionaron la transparencia y oportunidad de algunos nombramientos.
Las incertidumbres en torno a Peramato crecieron cuando la Fiscalía ratificó que en 2025 se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. Aunque esos encuentros ocurrieron antes de que Peramato asumiera el cargo de fiscal general, distintos sectores exigieron aclaraciones sobre la gestión posterior de la información vinculada a dichas reuniones y sobre las razones por las que ciertas personas involucradas siguieron avanzando profesionalmente dentro de la institución.
La controversia se trasladó también al ámbito político. Diversos partidos de la oposición solicitaron explicaciones sobre los nombramientos realizados durante su mandato y sobre la actuación de la Fiscalía en asuntos especialmente sensibles relacionados con corrupción y presuntas redes de influencia. Como consecuencia, Peramato fue citada a comparecer en el Senado para responder a preguntas sobre la gestión de la institución y sobre las medidas adoptadas para reforzar la confianza pública en el Ministerio Fiscal.
Pese a estas críticas, resulta importante destacar que no existen pruebas judiciales que la vinculen directamente con ninguna trama de corrupción, ni con maniobras destinadas a obstaculizar investigaciones judiciales. Las sospechas que pesan sobre ella tienen un carácter principalmente institucional y reputacional, vinculadas a decisiones de gestión, nombramientos y criterios de dirección interna más que a una participación material en los hechos investigados.
Peramato ha sostenido en múltiples ocasiones que todas sus actuaciones se ajustaron plenamente a la legalidad, subrayando que cada decisión respondía únicamente a criterios profesionales y al respeto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Del mismo modo, ha remarcado la importancia de proteger la independencia de la institución y de reconstruir la confianza pública en una Fiscalía que, al asumir su cargo, se encontraba profundamente fracturada y bajo una fuerte presión política.
En consecuencia, la controversia que en este momento envuelve a Teresa Peramato no gira en torno a una supuesta participación directa en las denominadas cloacas del PSOE, sino en la idea de que su labor pudo haber favorecido la continuidad de ciertas dinámicas internas heredadas de periodos previos. Hasta ahora, esas objeciones se ubican más en el ámbito de la confianza institucional y la imagen pública que en el de cualquier tipo de responsabilidad penal o judicial.
