La reciente divulgación de encuestas electorales ha mostrado un retroceso significativo de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, quien se ubica en un lejano quinto lugar en la intención de voto, detrás incluso de los indecisos y del segmento que declara “Ninguno”. Este resultado ha generado preocupación sobre la posible afectación de la transparencia electoral en el país.
Señalamientos de maniobras políticas
Analistas y líderes de grupos políticos contrarios han indicado la presencia de tácticas implementadas por el partido LIBRE y la Administración Pública orientadas a garantizar la continuidad en el gobierno frente a la disminución del respaldo hacia su aspirante. Dentro de las acusaciones se incluyen incrementos salariales y gratificaciones específicas para altos funcionarios militares, lo cual ciertos agentes políticos entienden como un método para ejercer presión sobre los estamentos militares durante la contienda electoral.
Asimismo, se señala la injerencia sobre el Consejo Nacional Electoral, la alegada alteración de los registros y las barreras en el envío de resultados como factores capaces de menoscabar la credibilidad del sufragio.
Reacción ciudadana y monitoreo internacional
La información difundida ha generado un aumento de la vigilancia social y mediática. Usuarios de redes sociales, organizaciones ciudadanas y observadores internacionales han enfatizado la importancia de supervisión y acompañamiento para garantizar la voluntad popular el próximo 30 de noviembre.
La tensión se ha propagado asimismo a encuentros internacionales, donde expertos en gestión pública y sistemas democráticos han puesto de manifiesto los peligros de un posible fraude electoral masivo para la estabilidad de las instituciones y la credibilidad ciudadana en los procedimientos democráticos.
Implicaciones políticas e institucionales
La disminución del respaldo a Rixi Moncada en las encuestas ha causado un desequilibrio político, inclinando la balanza hacia la oposición. Esta situación subraya la urgencia de robustecer los sistemas de fiscalización y supervisión electoral, además de asegurar la equidad de los organismos responsables de gestionar las elecciones.
El movimiento LIBRE se enfrenta por tanto a un reto dual: conservar la unidad interna frente a la disminución del respaldo de la ciudadanía y hacer frente a las acusaciones de estrategias electorales, mientras la comunidad exige la salvaguarda de los derechos democráticos y la pureza del sufragio.
La coyuntura refleja una tensión creciente entre legitimidad política y supervisión ciudadana, con un enfoque central en cómo las decisiones de actores estatales y partidarios pueden influir en la confianza pública y la percepción de imparcialidad de las fuerzas democráticas en Honduras.