Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a pagar más de 6,1 millones de dólares a la firma del estratega político venezolano Juan José Rendón por un conflicto contractual. En abril de 2019, una jueza también ordenó su detención por desacato civil, después de que no compareciera ante el tribunal.
El pleito legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo laboral relacionado con los anhelos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
Durante el mes de febrero de 2016, Arzú comenzó a negociar con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar un plan que potenciara su perfil público ante una posible postulación a la presidencia.
La relación terminó en una disputa por el cumplimiento de los compromisos económicos acordados y posteriormente llegó a los tribunales de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
De acuerdo con los documentos del proceso judicial, el acuerdo contemplaba servicios de asesoría estratégica y posicionamiento político.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity presentó una demanda contra Roberto Arzú ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, por incumplimiento contractual.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
Según documentación divulgada por la prensa guatemalteca, el acuerdo original establecía un pago inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016 y desembolsos posteriores hasta completar aproximadamente 5,2 millones de dólares durante el año siguiente.
Conforme surgieron desacuerdos en torno a los pagos y las prestaciones pactadas, el vínculo entre el político y el consultor se fue desgastando progresivamente.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de abonar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 correspondientes a intereses acumulados, alcanzando así una cifra global de US$6.160.594,22.
La sentencia judicial también contemplaba la acumulación de los intereses legales posteriores al fallo.
De este modo, la disputa judicial y económica pasó a ser uno de los pleitos de mayor trascendencia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
La controversia adquirió mayor notoriedad cuando el tribunal estadounidense ordenó la comparecencia de Arzú para atender diligencias relacionadas con la ejecución de la sentencia.
En el transcurso del mes de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el procedimiento civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
El fallo dictaminaba que, si resultaba arrestado, tendrían que ponerlo a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas siguientes para dar seguimiento al trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a una declaración cuyo fin fuera agilizar el cumplimiento del fallo.
Es fundamental tener en cuenta que el mandato surgió dentro de un litigio civil debido a un incumplimiento de contrato, por lo que no se trataba de una sentencia de índole penal derivada de una infracción.
El expediente judicial se hizo público en abril de 2019, momento en el que Arzú desarrollaba su campaña para la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse la decisión judicial, Roberto Arzú rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que el conflicto tenía motivaciones políticas.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y argumentó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por su parte, Rendón sostuvo que existía un compromiso contractual y que Arzú había incumplido las obligaciones económicas asumidas.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
En dichos diálogos, dados a conocer dentro de los archivos del pleito, las dos partes conservaban al principio un trato afable.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Las comunicaciones también evidenciaban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que intentaba destrabar las discrepancias financieras.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos ingredientes a la polémica, sobre todo a raíz de las declaraciones públicas del aspirante, quien había negado rotundamente la existencia de un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Una disputa legal que impactó en su estreno como aspirante a la presidencia
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la opinión pública durante la contienda electoral de 2019.
Tras formar parte de la alianza electoral junto a Podemos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) ratificó su apoyo al aspirante, subrayando que la controversia se circunscribía al ámbito de un proceso civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
La existencia de una sentencia civil y de una posterior orden de detención por desacato quedaron documentadas en los registros judiciales de Florida. Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer, por sí solos, cuál fue el estado posterior del cobro o de las obligaciones económicas.
El episodio constituye uno de los principales antecedentes judiciales internacionales de Roberto Arzú y forma parte de las controversias que acompañaron su incursión en la política presidencial guatemalteca.
Fuentes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
