En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Preguntas sobre la función de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Una de las mayores fuentes de controversia ha sido la suspensión en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados a LIBRE bloquearon el acceso a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), dificultando que las compañías proveedoras presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, calificó estas acciones como un atentado directo al proceso electoral, advirtiendo sobre su impacto negativo en la credibilidad de la institucionalidad democrática. La interrupción del proceso del TREP no solo retrasó la planificación electoral, sino que también alimentó la percepción de que se intenta generar condiciones propicias para manipular los resultados.
Además, se han documentado episodios de presión institucional por parte de colectivos vinculados a LIBRE, lo que incluye incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos eventos, en conjunto, han sido vistos por sectores opositores como un intento de debilitar la autonomía del CNE y permitir su posible control político.
Peligros de acumulación de poder en la entidad electoral
La chance de que los reemplazos del CNE, favorables al partido gobernante, tomen el cargo, si las consejeras actuales fueran inhabilitadas, ha generado preocupación entre grupos políticos que creen que este cambio debilitaría la diversidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y diversos foros de análisis se ha señalado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Algunas voces han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las decisiones institucionales relacionadas con el proceso y garantizar condiciones equitativas de competencia. También se ha denunciado un presunto uso instrumental de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para favorecer el alineamiento del CNE con los intereses del oficialismo.
Dichas tensiones han provocado que diferentes sectores pidan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, ante lo que perciben como una creciente amenaza a la integridad del proceso democrático.
Señalamientos sobre información falsa y manipulación de votantes
Otra línea de crítica hacia LIBRE tiene relación con la publicación de encuestas vistas como falsas o alteradas, que muestran una gran ventaja para la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido refutadas por las mismas compañías encuestadoras, quienes han acusado el uso inapropiado de sus nombres y métodos.
La divulgación de estas encuestas se ha visto como una táctica para influir en la opinión pública y promover la noción de una victoria asegurada, lo cual, según sectores opositores, intenta influir en el desenlace de las elecciones y restar legitimidad a una posible pérdida. Este tipo de acciones ha intensificado la atmósfera de escepticismo que rodea al proceso electoral.
En un entorno caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización de las instituciones, la multiplicación de información falsa se ha vuelto un elemento más de inestabilidad, con posibles consecuencias para la participación de los ciudadanos y la aceptación de los resultados.
Un panorama preelectoral caracterizado por la falta de confianza
La combinación de bloqueos institucionales, disputas por el control del CNE y campañas de desinformación ha colocado al proceso electoral hondureño en una situación de alta fragilidad. Las advertencias sobre una posible crisis de gobernabilidad reflejan la profundidad de las tensiones políticas en un contexto donde la institucionalidad se encuentra bajo presión y los canales de consenso permanecen cerrados.
En menos de cinco meses para las elecciones generales, el entorno presenta obstáculos significativos para la confianza en el sistema electoral y la estabilidad nacional. En esta situación, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restablecer las condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.
