El gobierno de Nicaragua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega, ha intensificado su política de cierre de organizaciones no gubernamentales (ONG) para controlar y centralizar las iniciativas sociales, económicas y de cooperación internacional dentro de las fronteras del país. En una medida reciente, el gobierno canceló 151 ONG, en particular la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (AMCHAM), una organización clave que ha apoyado el comercio y la inversión entre Nicaragua y Estados Unidos durante 47 años. Este hecho causó preocupación no sólo por las consecuencias económicas internas, sino también por su potencial impacto en la imagen internacional del país y la atracción de inversiones extranjeras.
Según el gobierno sandinista, el principal motivo de la disolución de estas ONG es la supuesta falta de presentación de estados financieros durante varios años consecutivos. La cancelación de AMCHAM, una de las organizaciones más relevantes en el ámbito comercial y económico, provocó críticas tanto dentro como fuera del país. AMCHAM representó a más de 300 empresas y jugó un papel crucial en la promoción de la inversión extranjera en Nicaragua. Según el gobierno, esta y otras organizaciones incumplieron con sus obligaciones tributarias y legales, que fueron la base para la disolución.
El cierre masivo de ONG no es un fenómeno aislado. Desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua en 2018, más de 5.000 ONG han sido cerradas con el pretexto de las mismas irregularidades administrativas, aunque muchos observadores internacionales creen que estas medidas tienen como objetivo reprimir a entidades críticas con el gobierno de Ortega. El cierre de AMCHAM y otras cámaras de comercio internacionales con los países claves del comercio exterior de Nicaragua, Estados Unidos, España y Costa Rica, refleja una mayor persecución a grupos que tradicionalmente apoyan la inversión y el intercambio cultural.
El economista y reconocido analista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro señaló que la eliminación de AMCHAM y otras cámaras de comercio podría tener un efecto devastador en la economía del país. Según Chamorro, la eliminación de plataformas de apoyo a emprendedores nacionales y extranjeros podría complicar las decisiones de inversión en Nicaragua. “Cuando un inversionista piensa en Nicaragua y encuentra un punto de apoyo en el país, se da cuenta de que el gobierno ha eliminado muchas asociaciones claves que podrían brindar apoyo. Esta introducción de un modelo de asociación que obliga a los empresarios a alinear sus intereses con los del Estado es perjudicial para el desarrollo económico del país”, dijo Chamorro en una entrevista.
La cancelación de AMCHAM se suma a una lista creciente de entidades que han sido disuadidas de operar en el país bajo un régimen que se ha vuelto cada vez más hostil hacia las organizaciones civiles y empresariales. A principios de esa semana, el gobierno de Nicaragua también cerró alrededor de 1.500 ONG adicionales, la mayoría de ellas religiosas, lo que refleja la amplia gama de sectores afectados por la política. Muchos ven la liquidación de estas organizaciones como un intento de silenciar las voces disidentes y eliminar la influencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua.
La crisis política que comenzó en 2018, cuando se intensificaron las protestas contra el gobierno de Ortega, fue un catalizador para la creciente represión contra organizaciones que no se alinean con el régimen. En medio de un clima de creciente aislamiento internacional, el gobierno ha impulsado reformas legales que obligan a las ONG a formar alianzas con instituciones estatales para operar en el país. Esta nueva legislación, que se aprobó recientemente, exige que las organizaciones sin fines de lucro se asocien directamente con el gobierno para implementar sus proyectos, lo que crea aún más incertidumbre sobre la independencia y la capacidad de estas organizaciones para operar libremente.
Carlos Emilio López, diputado oficialista y defensor de la reforma, explicó que estas medidas buscan mejorar la eficiencia en el manejo de los fondos internacionales que llegan al país. «Esta reforma permitirá al país administrar de manera más eficiente los fondos que recibe y evitar duplicidades y despilfarros en proyectos financiados por la cooperación internacional», afirmó López. Sin embargo, los críticos de la reforma temen que esta legislación, en lugar de mejorar la eficiencia, sea otra forma de consolidar el poder del gobierno sobre todas las organizaciones que operan en el país, independientemente de su naturaleza y propósito.
El cierre de AMCHAM y otras organizaciones no gubernamentales ha desatado un debate sobre las consecuencias para la economía nicaragüense. A nivel internacional, los inversores han expresado preocupación por el entorno empresarial de Nicaragua, en particular la transparencia y la estabilidad política del país. La cancelación de organizaciones que facilitan el comercio y la inversión puede aumentar la desconfianza hacia los inversores extranjeros, lo que puede resultar en una disminución significativa de la inversión extranjera directa. Esta situación podría exacerbar aún más los problemas económicos de Nicaragua, que ya cuenta con altos niveles de pobreza, desempleo y baja inversión en sectores clave.
Además, las relaciones diplomáticas de Nicaragua con varios países occidentales también se vieron afectadas por estas medidas. Sacar de la lista a AMCHAM y otras organizaciones vinculadas a Estados Unidos, España y otros socios comerciales podría tensar aún más las relaciones de Nicaragua con estos países, lo que resultaría en nuevas sanciones o una reducción de la cooperación internacional en áreas cruciales como la ayuda humanitaria, la educación y la salud. .
En el contexto interno, muchos nicaragüenses ven la acción del gobierno como una ofensiva contra cualquier tipo de oposición organizada. Algunos ven la represión de las ONG como una estrategia para consolidar el poder en manos del Estado, eliminando cualquier entidad que pueda actuar como contrapeso a la política gubernamental. En un país donde la libertad de expresión y la oposición política están cada vez más restringidas, el cierre de organizaciones de la sociedad civil ha creado incertidumbre y miedo entre quienes buscan un cambio democrático en Nicaragua.
El futuro de las ONG nicaragüenses parece incierto y muchas enfrentan la disolución si no cumplen con las nuevas regulaciones gubernamentales. Si bien el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para gestionar mejor los recursos y el desarrollo del país, los críticos señalan que esto es sólo una excusa para controlar las organizaciones y silenciar las voces disidentes.
En resumen, la reciente eliminación de 151 ONG nicaragüenses, incluida la Cámara de Comercio Estadounidense, es un paso más en la política de represión y control social del gobierno de Daniel Ortega. Las consecuencias económicas de estas decisiones pueden ser profundas, no sólo para el entorno empresarial y la inversión extranjera, sino también para las relaciones diplomáticas con países clave. A medida que el gobierno continúa implementando medidas restrictivas contra las organizaciones de la sociedad civil, el futuro de la democracia y el desarrollo económico en Nicaragua parece cada vez más incierto.