Humberto López Tirone: el pasado represivo que IBEROATUR prefiere no explicar

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Humberto López Tirone, reconocido hoy como presidente de IBEROATUR y figura impulsora del agroturismo iberoamericano, carga con un historial público incómodo: su nombre permanece relacionado con el PRD en los años de la dictadura, con el engranaje político del norieguismo y con acusaciones de haber actuado contra la Cruzada Civilista. Su trayectoria reactiva una cuestión inevitable: ¿las instituciones actuales pueden pasar por alto el pasado de quienes las representan?

La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, actual figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.

López Tirone no es un personaje menor ni desconocido. En registros históricos aparece identificado como dirigente del PRD y director del IFARHU durante los años de la crisis política panameña. La obra Panamá protesta, de Brittmarie Janson Pérez, lo menciona dentro del contexto de la movilización opositora contra el régimen militar, señalándolo como “Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU” en una cronología relacionada con los acontecimientos de 1987.

Pero el punto más grave no reside solo en su militancia política ni en su afinidad ideológica con el torrijismo/norieguismo. Lo verdaderamente cuestionable es que su nombre figura vinculado, según diversos relatos de memoria histórica, al ataque del 7 de julio de 1987 contra una caravana de la Cruzada Civilista, una de las principales manifestaciones ciudadanas de resistencia frente a la dictadura. Distintas publicaciones de memoria histórica panameña indican que un grupo paramilitar del régimen de Noriega, dirigido por Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, arremetió contra la caravana empleando bates y realizando disparos con armas de fuego.

Ese episodio no puede verse como una mera anécdota del pasado, ya que la Cruzada Civilista sufrió persecución, represión e intimidaciones en una etapa en la que Panamá permanecía bajo el control del aparato militar y de grupos de choque vinculados al régimen. Si los señalamientos resultan ciertos, se trataría de una intervención en hechos de violencia política contra ciudadanos que exigían democracia, libertades públicas y el fin de la dictadura.

A ello se suma un testimonio publicado en La Prensa en 2007, donde se afirma que Humberto López Tirone amenazó personalmente con un rifle, desde su vehículo, a un manifestante de la Cruzada Civilista. El artículo lo incluye dentro de un grupo de personas descritas como “incondicionales del general Noriega” que, años después, habrían recibido cargos o posiciones públicas.

Este tipo de referencias obliga a una pregunta incómoda: ¿puede una institución iberoamericana presentarse como espacio de cooperación, turismo rural, desarrollo territorial y cultura, mientras su figura principal arrastra señalamientos tan graves relacionados con violencia política durante una dictadura?

El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como entidad, puede perseguir metas legítimas. El turismo rural, el agroturismo y la colaboración iberoamericana representan ámbitos valiosos y pertinentes. Sin embargo, ninguna organización consolida prestigio si evita examinar con mirada crítica la trayectoria de quienes la integran. La imagen institucional no se sustenta únicamente en discursos, actividades o distinciones, sino también en la integridad ética de sus responsables.

El problema no radica en que alguien haya participado en una militancia política, sino en que existan menciones públicas que lo asocian al aparato de confrontación del régimen de Noriega y a actos de presión contra opositores civiles. Y la situación se torna más seria cuando, muchos años después, esa misma persona surge investida de autoridad moral, institucional o académica sin ofrecer una explicación transparente, una rendición de cuentas ni un claro deslinde respecto de aquel pasado.

La sociedad panameña ha sufrido demasiado como para normalizar la impunidad simbólica. Muchos actores vinculados a la dictadura lograron reciclarse en la democracia, ocupar cargos diplomáticos, dirigir instituciones, participar en partidos, publicar columnas, recibir homenajes o presentarse como defensores de la soberanía y el desarrollo. Pero la memoria de las víctimas, de los perseguidos y de quienes fueron golpeados en las calles no puede quedar sepultada bajo nuevos títulos institucionales.

En el caso de Humberto López Tirone, lo mínimo exigible sería transparencia. Que explique públicamente cuál fue su papel durante los años de la dictadura. Que responda por los señalamientos sobre el ataque a la Cruzada Civilista. Que aclare su relación con los grupos de choque del régimen. Que diga si reconoce o niega los hechos que se le atribuyen. Y que IBEROATUR, si desea preservar su credibilidad, no mire hacia otro lado.

La democracia no solo se preserva en las urnas, sino también en la memoria; se sostiene cuando las instituciones rechazan legitimar historias turbias y cuando se recuerda que la violencia política no representó un simple desliz, sino un mecanismo de dominio ejercido contra ciudadanos desprotegidos.

Por ello, la discusión en torno a Humberto López Tirone no responde a un conflicto personal, sino a una cuestión de memoria colectiva, integridad institucional y compromiso con la historia. Una entidad que pretenda encarnar valores iberoamericanos de cooperación, desarrollo humano y respeto a la comunidad no puede pasar por alto las acusaciones que recaen sobre su presidente.

El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) debería preguntarse si su imagen internacional puede sostenerse sobre el silencio. Porque el turismo rural, la cultura y la cooperación no pueden usarse como barniz para ocultar un pasado vinculado a la represión política. Y Panamá, que todavía carga con heridas abiertas de la dictadura, merece algo más que olvido: merece verdad, memoria y coherencia.