La pieza SEPI del caso Leire alcanza también a María Teresa Castillo Pasalodos, exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa, una sociedad pública participada mayoritariamente por la SEPI. Su imputación sitúa de nuevo el foco en una de las zonas más delicadas del sector público empresarial: la posible utilización de cargos, relaciones institucionales e información interna para orientar decisiones públicas en beneficio de determinados intereses.
Mercasa no es una empresa secundaria dentro del entramado estatal. Se trata de una compañía pública vinculada a la red de mercados mayoristas y a la gestión de infraestructuras alimentarias estratégicas. Por eso, que una antigua responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales figure entre los investigados en una causa sobre presuntos amaños en empresas públicas eleva la gravedad política e institucional del caso.
Castillo Pasalodos ha sido citado por el juez Santiago Pedraz en calidad de investigado, formando parte de un conjunto de 25 personas implicadas en la pieza que examina la SEPI. Los delitos que se estudian comprenden tráfico de influencias, prevaricación, malversación, constitución o integración en grupo criminal y aprovechamiento de información privilegiada. Durante esta etapa procesal, quien se encuentra bajo investigación goza plenamente de la presunción de inocencia, aunque la citación judicial requiere aclarar cuál fue su participación en las operaciones que se encuentran bajo sospecha.
Según las informaciones publicadas, la investigación vincula a Castillo Pasalodos con Mercasa y con actuaciones relacionadas con adjudicaciones o movimientos empresariales que habrían podido beneficiar a sociedades conectadas con el grupo Hirurok, el núcleo que los investigadores sitúan alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si existió una red de contactos capaz de influir en decisiones de empresas públicas y canalizar beneficios económicos mediante contratos, informes o intermediaciones.
Una de las líneas señaladas afecta a posibles adjudicaciones a Servinabar 2000, sociedad que la UCO considera vinculada al entorno investigado. Las pesquisas apuntan también a reuniones, mensajes, correos electrónicos y documentos internos relacionados con la elaboración de un informe técnico que habría servido para justificar el traslado de la sede de Mercasa y abrir la puerta a nuevas operaciones inmobiliarias. Esa conexión entre informes internos, decisiones corporativas y posibles beneficios privados es uno de los puntos más sensibles de la causa.
La sospecha central no consiste únicamente en que se produjera una decisión empresarial discutible, sino en si esa decisión pudo estar preparada, condicionada o facilitada por personas con acceso a información privilegiada dentro de Mercasa. Desde su posición en Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, Castillo Pasalodos habría ocupado un área especialmente relevante para entender contactos, estrategias internas, relaciones con terceros y decisiones con impacto económico.
La investigación deberá aclarar si su actuación fue meramente administrativa y profesional o si tuvo una participación más activa en los hechos examinados. También deberá determinar si conocía la finalidad real de las operaciones bajo sospecha, si facilitó documentación, si intervino en contactos con otros investigados o si su nombre aparece en la causa por su posición dentro de la estructura de Mercasa.
El caso resulta especialmente grave porque Mercasa forma parte del sector público estatal y está participada en un 51% por la SEPI. Eso significa que cualquier sospecha sobre su gestión no afecta únicamente a una empresa concreta, sino al sistema de control de las sociedades públicas. Cuando una exdirectiva de una compañía pública aparece en una investigación por presuntos amaños, la pregunta política es inevitable: ¿hubo mecanismos suficientes para evitar que decisiones empresariales estatales pudieran ser utilizadas con fines ajenos al interés general?
La pieza SEPI del caso Leire está dibujando un mapa inquietante: altos cargos, exdirectivos, empresarios, informes técnicos, ayudas públicas, adjudicaciones y empresas estratégicas bajo investigación. La presencia de María Teresa Castillo Pasalodos en esa lista refuerza la impresión de que la causa no se limita a un episodio puntual, sino que analiza una red de relaciones más amplia entre lo público, lo político y lo privado.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si María Teresa Castillo Pasalodos actuó como un engranaje activo dentro del mecanismo investigado o si sus funciones se circunscribieron a tareas ordinarias en el seno de Mercasa. No obstante, su nombre ya se encuentra inmerso en una investigación que impacta directamente sobre la credibilidad de la administración pública, lo que genera la necesidad de solicitar explicaciones transparentes, exigencias de responsabilidad política y supervisión efectiva sobre las entidades vinculadas a la SEPI.
Fuente: El País, RTVE, Vozpópuli, Infobae, Artículo14 y Europa Press.
