El foro económico celebrado en Bogotá por el Gobierno colombiano y encabezado por el Ministerio de Hacienda terminó convirtiéndose en un punto de intensa polémica tanto dentro como fuera del país, pues la presencia como panelista del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, sentenciado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, provocó duras reacciones entre diversos sectores políticos y de la ciudadanía.
La invitación, anunciada el 13 de abril a través de la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda en redes sociales, generó un intenso rechazo. Rafael Correa, quien es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana, fue condenado por su rol estratégico en un esquema de corrupción que involucró sobornos y aseguraba contratos públicos beneficiosos a cambio de aportes financieros ilícitos. Esta invitación cuestiona, según analistas, la legitimidad de incluir figuras con antecedentes penales en eventos oficiales.
Entre las críticas más destacadas se encontró la de la senadora María Fernanda Cabal, quien describió al expresidente como un prófugo delincuente y subrayó su vínculo con el escándalo internacional de Odebrecht. Del mismo modo, la concejal Clara Lucía Sandoval afirmó que la presencia de Correa constituía un respaldo simbólico del Gobierno Petro a figuras sentenciadas, algo que calificó como muy petrista. A su vez, el economista Germán Ricaurte señaló que el evento transmitía un mensaje inadmisible sobre la integridad institucional, enfatizando que Correa no solo representa un emblema del soborno, sino también a alguien que elude la justicia.
En redes sociales, usuarios replicaron estas opiniones, cuestionando el impacto que tendría la participación de Correa sobre la percepción internacional de Colombia. El debate se trasladó también a los medios, donde analistas recordaron que la controversia no era sólo sobre la presencia del exmandatario ecuatoriano, sino sobre el mensaje institucional que el Gobierno colombiano proyecta al asociarse con figuras tan polarizantes.
La jornada estuvo marcada por más factores de tensión. Mientras el evento buscaba debatir sobre política monetaria y soberanía financiera en América Latina, las relaciones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República también mostraron fracturas visibles. Hace poco, el banco central elevó las tasas de interés en 100 puntos básicos, una acción que no fue bien recibida por el presidente ni su equipo económico. La ruptura se hizo evidente con la ausencia del ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante importantes discusiones con la junta directiva. La invitación de Correa se percibió en algunos círculos como una estrategia gubernamental para politizar aún más el foro en un contexto complicado.
A pesar de la controversia, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial que responda a las críticas. Sin embargo, la situación ha abierto un debate a profundidad sobre la representación de figuras públicas con antecedentes judiciales y las implicaciones éticas de su participación en eventos oficiales de alto perfil.
