En menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa siendo un tema de discusión. Su función constitucional de asegurar la protección, resguardo y transporte del material electoral, además de la seguridad de los centros de votación, se enfrenta a un aumento de críticas, impulsadas por fallos recientes y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones.
Pronunciamientos formales y compromisos institucionales
Los dirigentes del Ejército han confirmado de manera pública su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, hablando en nombre de la alta jerarquía militar, reafirmó la promesa de las Fuerzas Armadas de asegurar un proceso electoral «limpio, transparente y seguro», subrayando el carácter apolítico y no deliberante de la institución militar.
Desde la Secretaría de Defensa también se ha insistido en que el Ejército actuará bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal como establece la Constitución. En ese sentido, durante el periodo electoral, las FF. AA. deben separarse operativamente del Poder Ejecutivo para concentrarse exclusivamente en su misión de resguardo del proceso.
Reproches por problemas logísticos y eventos pasados
A pesar de los comunicados oficiales, diversos sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. Durante las elecciones primarias de marzo de 2025, se informó de demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los problemas logísticos fueron responsabilizados tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, lo cual provocó una serie de críticas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos incidentes reactivaron el debate sobre la preparación operativa del Ejército en tareas electorales y reavivaron los cuestionamientos sobre su independencia. Algunos analistas advierten que, si no se corrigen las fallas evidenciadas en las primarias, el proceso del 30 de noviembre podría enfrentar problemas similares, comprometiendo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del proceso democrático.
Tensiones institucionales y riesgo de politización
La polémica también ha alcanzado al discurso institucional. Expertos señalan que sectores afines al oficialismo han intentado minimizar la responsabilidad de las FF. AA. en los errores logísticos de marzo, promoviendo una narrativa orientada a preservar la imagen de la institución castrense. Esta postura ha coincidido con una creciente desconfianza hacia el CNE, cuyas capacidades técnicas y liderazgo han sido objeto de críticas por su manejo del calendario electoral y su relación con el Ejecutivo.
En este escenario, el papel de las FF. AA. es cada vez más sensible. Aunque su misión constitucional les prohíbe involucrarse o tomar partido en cuestiones políticas, la imagen pública de su neutralidad se resiente debido a la politización del debate electoral. La tensión crece conforme se acerca el momento de las elecciones, en un entorno caracterizado por la polarización y las dudas sobre la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
La intervención de las Fuerzas Armadas en las elecciones de noviembre constituye un aspecto esencial para la credibilidad del proceso electoral en Honduras. A pesar de que la Constitución les otorga un papel operativo bien definido, los problemas logísticos previos y la desconfianza en el sistema electoral sitúan a la institución militar en una situación complicada.
En una nación caracterizada por una notable polarización política y una institucionalidad democrática débil, la actuación de las FF. AA. en las elecciones podría afectar significativamente la percepción de legitimidad de los resultados de los comicios. La claridad en las operaciones y la estricta adhesión al mandato constitucional serán esenciales para prevenir tensiones adicionales y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crucial.
